La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano señaló que la modificación que pretende hacer el Ejecutivo para que los militares sean juzgados en el fuero militar-policial, cuando se trate de delitos de función, es inconstitucional pues ellos no pueden ser juez y parte.
Cano apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han precisado que los hechos a manos de fuerzas militares o policiales, donde los agraviados son civiles, no pueden ser calificados como delitos de función.
“Delitos de función son las faltas de disciplina, el rompimiento de normas dentro de las instituciones militares. Los casos de homicidios o torturas no lo son”, dijo.
Cano agregó que el Ejecutivo también pretendería otorgar beneficios penitenciarios a militares y policías sentenciados por casos de violación de derechos humanos a fin de reducirles las penas.
“En el caso del general Julio Salazar Monroe, sentenciado a 25 años por el caso La Cantuta, le podrían reducir la pena hasta cinco años. Eso sería ilegal e impunidad, no lo vamos a permitir”, afirmó.
Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL) también reiteró su posición en tanto que la delegación de facultades abre la puerta para que el gobierno apruebe indebidos beneficios penitenciarios para personas condenadas por violaciones de derechos humanos o beneficios para quienes vienen siendo procesadas por estos delitos.
Cano apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han precisado que los hechos a manos de fuerzas militares o policiales, donde los agraviados son civiles, no pueden ser calificados como delitos de función.
“Delitos de función son las faltas de disciplina, el rompimiento de normas dentro de las instituciones militares. Los casos de homicidios o torturas no lo son”, dijo.
Cano agregó que el Ejecutivo también pretendería otorgar beneficios penitenciarios a militares y policías sentenciados por casos de violación de derechos humanos a fin de reducirles las penas.
“En el caso del general Julio Salazar Monroe, sentenciado a 25 años por el caso La Cantuta, le podrían reducir la pena hasta cinco años. Eso sería ilegal e impunidad, no lo vamos a permitir”, afirmó.
Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL) también reiteró su posición en tanto que la delegación de facultades abre la puerta para que el gobierno apruebe indebidos beneficios penitenciarios para personas condenadas por violaciones de derechos humanos o beneficios para quienes vienen siendo procesadas por estos delitos.
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JAIME ESPEJO ARCE