Teléfonos del congresista Galarreta y ocho periodistas intervenidos por el caso Rudy Palma
El congresista Galarreta perdió su celular hace una semana. Tiene un teléfono provisional. Después de enterarse del caso, no piensa reponer el número. Fotografías: La República.
INTERCEPTADOS: El caso del “periodista-hacker” da un vuelco inesperado: a instancias de la Fiscalía Contra el Crímen Organizado, casi una veintena de números telefónicos están siendo interceptados por la Policía en este momento. Entre ellos, de ocho periodistas y un congresista de oposición. Además, por primera vez, Palma habla desde la prisión.
A las 15:03 horas del 18 de abril de este año, un correo apareció en la bandeja de entrada de Giselle Durand, esposa del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Lo que decía el correo no importa. Solo necesitamos saber que fue suficiente como para provocar una tormenta política que hoy cobra implicancias aún mayores de las que nadie sospechaba, una tormenta que se está llevando de encuentro el secreto de las telecomunicaciones de ocho periodistas y un congresista de oposición.
La historia ya es más o menos conocida: debido al correo que le llegó a su esposa –y a otros correos, también anónimos pero del mismo calibre, que habían llegado a distintos funcionarios del Mincetur– el ministro Silva dedujo que alguien había estado hackeando su e-mail.
Las investigaciones nunca dieron con el anónimo cizañero, quien hasta ahora permanece incógnito, pero sí se toparon con Rudy Palma. El ex periodista de Perú.21 había detectado un error común en las redes de la burocracia: que el usuario y la contraseña de los correos electrónicos son la combinación de la inicial del primer nombre con el apellido paterno.
Esta explicación es simple, sencilla y ha sido confirmada, además, por el propio Jimy Fajardo Castro, administrador de la red del Mincetur, en su manifestación ante la Divindat,la División de Delitos de Alta Tecnología, del 26 de abril.
Pero el ministro Silva no la creyó. Tenía que haber más gente. Palma tenía que haber compartido sus secretos con otras personas. El primer ministro Óscar Valdés, que encargó el caso a la Procuraduría de la PCM, pensaba lo mismo. Y también el Fiscal de la Nación, que puso a cargo de las investigaciones a la Primera Fiscalía Contra el Crimen Organizado, encabezada por el fiscal Wiliam Montes Malpartida.
Aquí es cuando la trama se complica.
CHUPÓN CON CHUPÓN SE PAGA
A los tres días de la detención de Palma, el 28 de abril, la titular del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial, Carmen Arias Tello, autorizó “el levantamiento del secreto de las comunicaciones (intervención, escucha, grabación y control)” de dieciocho números celulares y fijos.
Así consta en el expediente 288-2012-1 de dicho juzgado. La medida se dio a pedido del fiscal Montes y por un plazo de 60 días, los cuales vencen todavía el 27 junio, es decir, dentro de dos semanas.
INFOS tiene en su poder la lista de los 18 teléfonos y a quiénes pertenecen. También logró comunicarse con 16 de los interceptados, aunque sin revelarles que sus teléfonos estaban intervenidos. La lista es francamente sorprendente y no resiste el menor análisis. Al parecer ha sido elaborada, principalmente, sobre la base de cuáles fueron las últimas llamadas entrantes al celular de Rudy Palma. Sin embargo, en algunos casos, las personas interceptadas aseguran no haber conversado con Palma en meses.
Estos son los interceptados cuya identidad ha sido establecida:
– La jefa de Prensa de una figura política recientemente voceada para el premierato.
– Dos amigos de Rudy Palma. Uno de ellos es un periodista jubilado y la otra trabaja en una empresa particular.
– La casa de unos familiares de Palma.
– El gimnasio de Jesús María al que acudía el periodista.
– Una funcionaria del Ministerio de Agricultura y un número perteneciente al Mincetur.
– Personal de las consultoras de imagen Corporación Pro, Addconsulta y Pacific Comunicación Estratégica.
– Ocho periodistas de distintos medios.
– El congresista de Alianza por el Gran Cambio, Luis Galarreta.
El caso del gimnasio ilustra muy bien el arbitrario criterio utilizado para determinar qué números se iban a intervenir. Su personal, sin saber que Palma había sido detenido, estuvo llamando a su celular para saber por qué no se había presentado para su rutina habitual.
Algo parecido sucedió con una de las consultoras de imagen. Palma había cubierto una historia relacionada con el Lima Fashion Week y estuvieron llamándolo repetidas veces para preguntar si la nota iba a ser publicada en algún momento. Por obvios motivos, jamás vio la luz.
Lo mismo ocurrió con la funcionaria del Ministerio de Agricultura:
–El día que lo detuvieron lo llamé insistentemente, más de diez veces, porque se había comprometido a cubrir un evento. No entendíamos por qué no llegaba.
Como en los casos anteriores, eso bastó para ser incluida en la orden judicial de intervención, escucha, grabación y control. Como se aprecia en un recuadro de estas páginas, esto es ilegal: la ley solo faculta la intervención de las personas que son materia de investigación.
Hay casos incluso más extraños. Por ejemplo, el periodista jubilado y las otras dos personas de las consultoras de imagen, aseguran no haber conversado con Rudy en meses.
El caso de los ocho periodistas es particularmente preocupante. Cuatro de ellos trabajan en Perú.21, otro es un ex trabajador de ese matutino y al menos otros dos pertenecen a las secciones de Economía de otros diarios. Son amigos de Palma y varios recuerdan haberlo llamado a preguntarle cómo estaba.
–No éramos muy cercanos pero me preocupé cuando estalló la noticia. Lo llamé sin pensar que seguro ya le habían decomisado el celular –dice uno de los periodistas intervenidos–. Evidentemente, no me contestó nunca.
EL CONGRESISTA CHUPONEADO
–Por suerte se me perdió el Blackberry el sábado en el taxi –respira aliviado el congresista de Alianza para el Gran Cambio, Luis Galarreta. Él es el único de los 18 al que, para la elaboración de este informe, se le contó que estaba siendo intervenido.
Galarreta, de 39 años, es conocido por ser uno de los más accesibles para la prensa. De hecho, no son pocas las veces en las que se le ha visto en un karaoke con algunos de los periodistas que cubren el Congreso. Se siente orgulloso de tener lo que llama una política de transparencia total.
Galarreta conoció a Rudy Palma hace algunos años, en el Congreso. Desde que se convirtió en presidente de la Comisión de Economía conversaban regularmente por teléfono.
–Hablábamos de información pública: qué se ha aprobado, qué temas se van a poner en la mesa, quién votó en contra, quién promueve tal cosa, etc. El día que lo detuvieron lo estuve llamando para contarle sobre la elección de la terna para el Banco Central de Reserva.
Rudy ya no contestó.
A los pocos días empezaron los sucesos extraños. El 2 de mayo, personal de la presidencia del Congreso llamó a Galarreta y le dijo que el fiscal William Montes, de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, y dos policías lo estaban buscando en la Sala Basadre, la sala de la presidencia del Congreso.
–En ningún momento ni ellos ni el personal de la presidencia del Congreso que me citó allí me advirtieron que existía alguna duda sobre mí. Pensé que querían saber si yo había sido víctima de interceptación.
Los policías le preguntaron a Galarreta si creía que su correo había sido intervenido. Les dijo que no.
–Allí se sonrieron.
Al día siguiente, Galarreta se cruzó con el presidente del Congreso, Daniel Abugattás. Discutieron el caso de Rudy Palma un poco. Abugattás lamentó lo mal que, según él, se habían portado “tus amigos de ese diario”.
–Tú también creo que estás fregado, ah– añadió–. O sea, como víctima.
Ahora que puede atar cabos, para Galarreta hay algo más detrás de la interceptación de su teléfono.
–Esto es sumamente ilegal y habrá que ir hasta las últimas consecuencias para ver a quién le interesa escuchar las conversaciones de un congresista de oposición que ha dado la batalla en varios temas relacionados al Ejecutivo. Están aprovechando una situación que no tiene ningún móvil para escuchar al presidente de la Comisión de Economía.
Precisamente, Galarreta ha estado muy activo en estos días para evitar que el polémico Rafael López Aliaga, ex candidato de Solidaridad, sea nombrado director del BCR.
–Abiertamente he dicho que ese es un tema entre el presidente del Congreso, Solidaridad y Alianza Parlamentaria para obtener los tres candidatos. Y me han llamado hasta ministros, preocupados por el tema. Sería un escándalo que alguien quiera saber, por ejemplo, qué ministros de Estado están detrás de que no se elija a López Aliaga, sino a otro mejor candidato.
Recién enterado del caso, Galarreta está solicitando más información. Mañana lunes anunciará cuáles serán las medidas que va a adoptar.
–No puede ser que porque se denuncia a un periodista alguien arma una situación en la que se pone en riesgo, no solo a mí, sino a la reserva personal y el secreto de las comunicaciones de varios funcionarios y periodistas que hablan con un congresista de oposición.
***
Ministro Silva. Después de la detención de Palma, continuaron los correos difamatorios.
MÁS INFORMACIÓN:
ENFOQUE
“Esta medida no resiste un análisis técnico”
Víctor García Toma
Ex presidente del Tribunal Constitucional
Cuando hay una tensión entre las facultades discrecionales y el ejercicio de los derechos fundamentales, priman estos porque son la razón de ser de la creación de un Estado Constitucional. En consecuencia, en tanto no existan razones suficientemente fundadas, la discrecionalidad debe ceder ante el respeto ante estos derechos..
Cuando hay un conflicto entre la responsabilidad de investigar –el derecho a la verdad– y los derechos que la doctrina llama espirituales –como el derecho a la intimidad y el honor–, debe aplicarse el test de ponderación: preguntarse hasta dónde debo de restringir un derecho en función a otro. Si aplicáramos ese test al caso de estas interceptaciones, por las razones expuestas en el reportaje, la medida parecería irrazonable. No resiste un análisis técnico, más aún por los antecedentes del caso. Todo esto genera duda y sospecha.
***
CLAVES
La Ley 27697 otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en casos excepcionales.
Artículo 1: La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional.
Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista (…) cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan prever que el agente forma parte de una organización criminal”. (Fuente: INFOS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
IMPORTANTE: Las personas que efectúen comentarios en este blog son única y exclusivas responsables de sus manifestaciones y opiniones; siendo responsabilidad administrativa, civil y penal de quien lo envió y/o utilizó el espacio para emitir opinión. El autor de este blog no garantiza la veracidad, exactitud, pertinencia y/o licitud de los contenidos publicados por los participantes quienes aceptan efectuar comentarios bajo su exclusiva y única responsabilidad.
JAIME ESPEJO ARCE